Como en cualquier otra actividad económica, la financiación resulta un proceso clave para el desarrollo de la actividad agraria y de la industria agroalimentaria, el cual se ha visto incrementado conforme se ha ido produciendo la modernización del sector y por la necesidad de circulante generada por la presión de los costes de producción, los precios percibidos y la competitividad de un mercado globalizado.

El papel de la financiación en el sector agrario

La financiación de toda actividad económica tiene como objetivo conseguir recursos y medios de pago para destinarlos a la adquisición de bienes y servicios, necesarios para el desarrollo de la misma. En función de su origen, se distingue entre financiación interna, que es la procedente de la propia empresa (capitales propios, beneficios reinvertidos, etc.) y financiación ajena, que es la procedente de terceros (financiación bancaria, emisión de obligaciones, proveedores, etc.).

La financiación bancaria constituye la fuente de financiación ajena más frecuente, ya que es susceptible de ser utilizada tanto por las grandes empresas como por las pequeñas. En función de los plazos de vencimiento (plazo de devolución del dinero prestado), se distingue entre financiación a corto plazo (considerando generalmente así a aquella cuyo plazo de vencimiento es inferior a un año) y financiación a largo plazo. La financiación a corto plazo responde generalmente a las necesidades de liquidez ocasionadas de las características de los flujos de caja de cada actividad económica (diferencias temporales), mientras que la financiación a largo plazo se realiza con el capital fijo de la explotación y se destina a la inversión de activos fijos.

Respecto a las necesidades genéricas de financiación, el sector agrario presenta particularidades específicas ligadas a las características de desarrollo de su actividad:

− Periodos relativamente dilatados en el proceso productivo (cultivos y producciones cuyo desarrollo dura varios meses o incluso años, como en el caso de los leñosos).

− Producciones anuales variables, fuertemente condicionadas por factores climáticos.

− Fuerte concentración de los momentos de cobro en el año (que pueden llegar a ser uno solo en actividades agrícolas de monocultivo).

− Activos propios con los que respaldar los préstamos generalmente poco líquidos (es decir, que presentan dificultad para ser convertidos en dinero con rapidez) y que requieren una valoración muy especializada (tierras, ganado, instalaciones, etc.).

Estas circunstancias específicas han propiciado el tratamiento particular de la financiación agraria con respecto a otros ámbitos económicos. Adicionalmente, el fuerte proceso de modernización de la agricultura en España en las décadas recientes ha incrementado las necesidades de financiación, al cobrar más peso sobre los resultados de las explotaciones los factores de producción adquiridos a terceros (consumos intermedios), que han hecho incrementar las necesidades de acceso a capital circulante por parte de las explotaciones, y las inversiones necesarias para acompañar ese proceso de modernización (instalaciones, maquinaria, tierras, ganado, cultivos leñosos, etc.) que han requerido  financiación a largo plazo para su acometida, provocando una ampliación de la implicación financiera de financiación a largo plazo.

Otro aspecto que influye en la liquidez del sector es el concerniente al aplazamiento de los pagos por la distribución, que afectó especialmente por el creciente efecto de los impagos, retrasos y prórrogas en el cobro de facturas agravado por la crisis económica. La Ley 15/2010 que modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, elimina la posibilidad de pactar los plazos de pago (en muchos casos en beneficio de los compradores) y reduce los aplazamientos de pago que afectan en su mayoría a las empresas con gran dependencia del crédito a corto plazo y necesidades de liquidez, como es el caso de las empresas agrarias.

Los aplazamientos de pago repercuten como una financiación de carácter fijo soportada por los proveedores. Esta financiación, aun siendo en un corto período, tiene un carácter permanente por lo que requiere financiarse mediante capital fijo (bien sea propio o ajeno). Esta modificación legislativa que fija desde 2013 unos plazos máximos de pago en las operaciones comerciales de 60 días en el caso de la empresa privada y de 30 días en el caso de las Administraciones Públicas, a contar a partir de la entrega de los productos o prestación de los servicios. En ella se  establece una excepción para los productos de alimentación frescos y perecederos, fijando el plazo máximo de pago en 30 días, lo que ha provocado que se disminuya este crédito a favor de una mayor liquidez para los proveedores y menores necesidades de financiación.

Finalmente, surgen también necesidades de financiación ligadas específicamente a la exportación. En España, el sector agrario y la industria alimentaria tienen una marcada vocación exportadora, lo que genera necesidades específicas de financiación. Las empresas demandan instrumentos que permitan la cobertura de riesgos de impago derivados de la venta de productos en el mercado exterior y líneas de crédito para financiar las importaciones.

Estos instrumentos provienen tanto del sector privado (productos específicos o coberturas complementarias de las Entidades de Crédito o de Compañías de Seguros) como desde el público. Así, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) ofrece una amplia gama de productos para cubrir los riesgos comerciales asociados a las operaciones de exportación y de inversión en el exterior.

El sector agrario dispone de diversas fuentes de financiación para cubrir sus necesidades financieras. Por un lado, destaca como principal prestamista el sistema financiero privado, compuesto por diversos tipos de entidades: Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito (Cajas Rurales). Por otro lado, el sector agrario también cuenta con el apoyo de dos entidades públicas: el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA). Por lo general los productos que ofrecen las entidades financieras y las entidades públicas para satisfacer las necesidades crediticias de las explotaciones agrarias y la industria alimentaria son los siguientes: 

· Sector privado. Como se ha comentado anteriormente, el sistema financiero es la principal fuente de financiación ajena del sector agrario y comercializan variados productos, destinados a financiar tanto el capital circulante como el capital fijo. Algunos de estos instrumentos van destinados a cualquier tipo de empresa, son de carácter general, mientras que hay otros que están diseñados específicamente para el sector agrario. Clasificados a continuación en función de su plazo de vencimiento nos encontramos con:

Financiación a corto plazo

Los préstamos a corto plazo tienen el objetivo de satisfacer las necesidades de liquidez que surgen a lo largo del proceso productivo y se caracterizan por ofrecer plazos cortos de amortización. Los principales son:

− Descuento comercial y anticipo de créditos comerciales: Producto de carácter general. Permiten financiar el circulante gracias al adelanto de todo tipo de derechos de cobro frente a terceros.

− Cuenta corriente de crédito: Cuenta bancaria que permite a la empresa disponer de fondos para financiar los gastos derivados de su actividad hasta un máximo fijado. La entidad establece dos tipos de interés, uno asociado a los saldos deudores y otro, generalmente inferior, asociado a los saldos acreedores.

− Confirming: Producto que facilita la gestión de pagos a proveedores. La empresa cede a la entidad bancaria la gestión del pago a proveedores. Tiene la ventaja de repartir el riesgo y de no computar como endeudamiento en el balance.

− Factoring: Producto genérico para financiar circulante. Mediante este servicio las empresas agrarias ceden los créditos comerciales de los clientes (facturas) a la entidad financiera a cambio de liquidez, asumiendo esta última el riesgo de impago. Existen dos modalidades: factoring con recurso y factoring sin recurso. También existe factoring a la exportación.

− Anticipo PAC: Son préstamos específicos del sector agrario destinados al anticipo de las ayudas de la PAC.

− Préstamos campaña: Son específicos del sector agrario y van destinados a cubrir los gastos corrientes derivados de la actividad económica a lo largo de la campaña. Son ofertados por todas las entidades, si bien las condiciones pueden diferir.

− Préstamos Seguro Agrario: Financia el coste de la prima del seguro agrario.

− Tarjetas de Crédito Agrarias: para el pago de insumos corrientes de las explotaciones agrícolas que facilitan su pago fraccionado en distintas modalidades (fin de mes, aplazado, a vencimiento, etc.). 

Financiación a largo plazo

Los créditos a la inversión ofrecidos por las entidades financieras son préstamos a medio y largo plazo destinados a la mejora, ampliación y modernización de estructuras y medios de producción, con el objetivo de mejorar la eficiencia productiva. La industria alimentaria puede acudir a este tipo de productos para acometer inversiones en capital fijo. Al mismo tiempo, las entidades financieras también ofrecen productos específicos para la financiación de inversiones en el sector agrario, con condiciones adaptadas. A continuación se presentan los más importantes:

− Préstamos para adquisición de fincas rústicas: son préstamos a largo plazo que permiten financiación hasta 15 años e incluir algunos de carencia.

− Préstamos para mejora de las explotaciones agrarias: son préstamos a largo plazo destinados a la modernización e incorporación de tecnología en las explotaciones agrarias. Por lo general tienen un plazo de financiación de hasta 15 años y periodo de carencia de dos años.

− Préstamos para instalación de sistemas de riego por goteo.

− Préstamos para compra de maquinaria agrícola. Tanto nueva como de segunda mano.

− Préstamos para la compra de plásticos de invernadero.

− Préstamos para nuevas plantaciones: permiten financiar hasta en 8 años la inversión y disponiendo de hasta tres años de carencia para facilitar su pago hasta que comienzan a producir las nuevas plantaciones.

− Préstamos para adquisición de ganado: su plazo varía en función del tipo de ganado del que se trate.

Como opción alternativa para financiar el capital fijo, las entidades financieras ponen a disposición del sector agrario los productos “leasing” y “renting”. Estos instrumentos permiten sustituir la compra de un bien por el pago periódico de un alquiler (en ocasiones el contrato incluye opción a compra). El arrendador se encarga del mantenimiento y actualización del producto. 

· Entidades Públicas.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es una entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda y que tiene naturaleza jurídica de entidad de crédito. Su principal finalidad es proporcionar un apoyo preferente a proyectos de inversión de las empresas españolas, para que sean más competitivas y contribuyan al progreso económico de nuestro país. Para ello, el ICO suscribe convenios con las entidades financieras colaboradoras que permiten que las mismas puedan ofrecer los préstamos de las líneas ICO a los beneficiarios finales en condiciones más ventajosas que las disponibles en el mercado para el 100% del proyecto.

Líneas de financiación a las que puede acudir el sector agrario:

-ICO Internacionalización. Esta línea nace con el objetivo de impulsar la presencia de las empresas españolas en el exterior, financiando la adquisición de activos productivos y de empresas en otros países. 

-ICO Inversión Sostenible. Esta línea financia proyectos que impliquen una mejora en el uso eficiente de los recursos o que permitan la reducción de los impactos ambientales. 

-ICO Inversión. Esta línea incluye todas aquellas inversiones en capital fijo productivo no incluidas en la línea Inversión Sostenible. 

-ICO Liquidez. Línea destinada a la inyección de liquidez, ante las dificultades en el acceso al capital circulante que presentaban las empresas como consecuencia de la crisis económica

Atendiendo al volumen de crédito concedido, las líneas de mediación del ICO suponen un importante instrumento de apoyo al sector agrario español. 

Por su parte, el objeto social de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), sociedad 100% estatal participada por el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, es la prestación de avales para inversiones en los sectores agrícola, ganadero, forestal, pesquero, industria agroalimentaria y mejora del medio rural.

La concesión de avales favorece en gran medida el acceso a la financiación, ya que para las entidades financieras anula la morosidad, evitando la necesidad de dotar provisiones y eliminando los gastos y la problemática del recobro.

De esta manera, se facilita la concesión de créditos a los agricultores y ganaderos favoreciéndose una mejora de las condiciones de los mismos. Como contrapartida, el aval requiere hacer frente al pago de una comisión de estudio de cada operación proporcional a la cantidad avalada y a un coste de gestión dependiente del saldo vivo del aval.

Paralelamente a estas fuentes de financiación, el sector agrario recibe ayudas procedentes de la Política Agraria Común que contribuyen a aliviar las necesidades financieras del sector dirigidas a garantizar los ingresos de los agricultores, orientar las producciones al mercado, desarrollar iniciativas sostenibles en el medio rural e impulsar la competitividad del sector.

Durante la expansión económica el crédito al sector agrario y a la industria agroalimentaria creció mucho menos que el concedido al resto de actividades económicas, por la mayor estabilidad de estos sectores frente al acelerado crecimiento de otros subsectores. Sin embargo, desde el comienzo de la crisis, la restricción generalizada de acceso al crédito se ha traducido en una fuerte reducción del crédito al sector agrario que se está volviendo a normalizar, si bien dentro de una situación generalizada de restricción.

La tasa de morosidad se estudia a través del nivel de créditos dudosos, que son aquellos créditos que presentan dudas razonables sobre su reembolso total en los términos pactados contractualmente.