El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es una entidad de crédito con forma jurídica de entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Tiene la consideración de Agencia Financiera del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines.
En su vertiente de entidad de crédito, el ICO ofrece financiación a través de las líneas de mediación, en virtud de los acuerdos de colaboración suscritos con otras entidades de crédito, o de forma directa.
Líneas de mediación: el ICO diseña y fija las principales características de las diferentes líneas de financiación, a la vez que firma los correspondientes acuerdos de colaboración con las entidades de crédito para su comercialización a través de sus redes de sucursales. Estas líneas están dirigidas fundamentalmente a trabajadores autónomos y PYMES. El ICO determina las dotaciones de cada línea, la finalidad de los préstamos, los tipos de interés y los plazos de amortización y provee de fondos a las entidades de crédito. Éstas se encargan del análisis de las operaciones, determinan las garantías a aportar, deciden sobre la concesión de la financiación y asumen el riesgo de éstas. Las entidades de crédito responden en todo caso frente al ICO de la devolución de la financiación otorgada por éste. En el siguiente gráfico se recoge el esquema de funcionamiento de las líneas de mediación:
Fuente: ICO
En la página web del ICO (www.ico.es) se pueden consultar las diversas líneas de financiación para cada colectivo y ejercicio.
- Financiación directa: tiene por objeto la financiación corporativa y estructurada de grandes proyectos de inversión productiva, tanto públicos como privados. Se trata de préstamos a la medida de las necesidades de la empresa solicitante, con un importe mínimo de 10 millones de euros y largos plazos de amortización. Para la solicitud de estos préstamos las empresas se han de dirigir directamente al ICO, que estudia, concede y asume el riesgo de las operaciones. Esta financiación se concede preferentemente en colaboración con entidades privadas o públicas nacionales, internacionales o multilaterales.